Iniciamos un nuevo mes de octubre y en Magallanes el panorama en materia de seguridad pública sigue sumergido en una nebulosa tan densa como peligrosa. Tras días de encendidas discusiones, pugnas institucionales y contradictorios mensajes emitidos desde la seremía de Seguridad, la ciudadanía magallánica se encuentra hoy ante un escenario inaceptable: el silencio sepulcral de las autoridades regional y local.

¿En qué está la situación? ¿El reo de alta peligrosidad —imputado por delitos tan graves como sicariato y robo de menores— ya está en la cárcel de Punta Arenas? ¿Arriba el 2 de octubre, el 4, o la orden de traslado quedó suspendida? Nadie sabe absolutamente nada. Y lo que es peor, a nadie en el gobierno regional ni en las vocerías de seguridad parece importarle dar una respuesta formal y transparente a la comunidad.

La seguidilla de desaciertos y ruido comunicacional originada en las últimas semanas dejó al descubierto la fragilidad de la gestión en un área donde no caben las improvisaciones. Primero fuimos testigos de la evidente falta de alineación entre los discursos emitidos desde la seremía de Seguridad y el accionar técnico de Gendarmería. Luego, ante la marejada de críticas y el temor fundado de la población local frente al eventual traslado de un perfil criminal que Magallanes no está acostumbrado a albergar en su recinto penitenciario, la estrategia elegida por las autoridades fue el apagón informativo.

No habla el seremi de Seguridad, Ronald López. No habla la delegada presidencial regional. Tampoco hace vocería alguna el equipo del Gobierno. Hay un hermetismo insólito que, lejos de transmitir tranquilidad o prudencia, lo único que logra es multiplicar la incertidumbre y propagar una aplastante sensación de inseguridad.

El traslado de imputados de alto riesgo a zonas extremas no es un mero trámite administrativo que se pueda despachar a espaldas de la gente o mediante comunicados a medias. Requiere evaluación técnica rigurosa, garantías operativas y, sobre todo, transparencia y responsabilidad política.

Ocultar la información sobre las fechas, el estado del procedimiento o las decisiones adoptadas no elimina el riesgo; únicamente confirma la incapacidad de gestión y la falta de temple para enfrentar de cara a la ciudadanía los temas complejos.

Es impresentable que, tras la controversia desatada y las tensiones expuestas en el ámbito penal y penitenciario, la respuesta de las autoridades encargadas del resguardo público sea dar la espalda. Magallanes no se merece una vocería que esconda la cabeza ante la crisis ni que pretenda que el paso de las hojas del calendario borre las explicaciones pendientes.

La región exige y merece saber la verdad: con convicción, con datos concretos y con autoridades que den la cara.