A medida que se acerca el horizonte de 2030, año en que vence el actual contrato de concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, el debate sobre su futuro comienza a ganar espacio en la agenda regional. Sin embargo, analizar el destino de uno de los principales motores económicos de Magallanes exige rigor y prudencia para no caer en diagnósticos apresurados. El punto de partida parece claro. Existe una diferencia sustancial entre un modelo de negocios agotado y uno que ha alcanzado una etapa de madurez, conservando una base valiosa que requiere evolucionar.
Para abordar esta discusión con responsabilidad, conviene separar tres planos que suelen mezclarse en el debate público. El régimen jurídico que regula las franquicias, el contrato que fija las obligaciones de quien administra el recinto, y los resultados concretos del ecosistema económico que allí opera. Confundir un límite legal o una brecha de infraestructura puntual con un supuesto fracaso de gestión puede llevar a buscar soluciones en el lugar equivocado.
La evolución del contrato y el retorno para Magallanes
La historia reciente del recinto permite dimensionar cómo han cambiado las reglas del juego. Entre 1977 y 2007, la concesión anterior operaba bajo un esquema en el que el pago equivalía al 10% de las utilidades efectivamente distribuidas, lo que dejaba el retorno sujeto a la decisión y el momento en que se repartieran dichas ganancias.
El contrato iniciado en 2007 modificó de raíz esa estructura, incorporando un pago inicial, un canon del 28% sobre los ingresos brutos percibidos, una obligación de reinversión del 6% y compromisos de promoción. Desde 2009, esos recursos ingresan directamente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en beneficio del Gobierno Regional, asegurando un flujo independiente del reparto de utilidades y elevando las exigencias en favor de Magallanes.
Cifras en movimiento frente a la tesis de la parálisis
Más allá de los méritos exclusivos de una administración, indicadores como el empleo, las superficies ocupadas, las ventas y el aporte regional han mostrado una trayectoria de crecimiento desde 2007, impulsados por consumidores y empresarios que deciden arriesgar capital en el recinto.
Lejos de evidenciar un estancamiento por la cercanía del vencimiento contractual, los datos recientes dan cuenta de una actividad en curso:
- Siete de cada diez metros cuadrados de terrenos incorporados desde 2007 corresponden a los últimos cinco años.
- Actualmente se ejecutan proyectos de usuarios que abarcan 20.913 metros cuadrados, asociados a una inversión privada cercana a los 23 millones de dólares y a la proyección de más de 200 nuevos empleos.
- En octubre se inauguró una nueva urbanización de 20.238 metros cuadrados, habilitada mediante una inversión de la concesionaria de aproximadamente 405 millones de pesos.
Si bien existen parámetros operativos y de infraestructura que requieren revisión y mejora, los compromisos de capital en ejecución reflejan que el ecosistema sigue operando a pesar de los riesgos que implica invertir a pocos años del término de la concesión.
El desafío legal y la pregunta por el riesgo
El verdadero cuello de botella del sistema parece situarse en el plano normativo. El régimen franco magallánico fue diseñado originalmente para el movimiento de mercancías y mantiene restricciones para incorporar servicios al amparo de las franquicias, una necesidad que ya había sido advertida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2007. Actualizar la ley para permitir esa diversificación es una tarea pendiente que no requiere desmantelar una plataforma donde hoy conviven comercio, logística y producción.
De cara a 2030, el análisis técnico exige poner sobre la mesa la ecuación del financiamiento y el riesgo. Cualquier diseño futuro —ya sea bajo gestión privada, que demanda reglas estables, o bajo administración pública, cuyos recursos tienen usos alternativos— debe responder con claridad quién financiará las obras, quién asumirá su mantención y qué ocurrirá si una inversión no rinde lo esperado. Cambiar de administrador no hace desaparecer los costos ni los riesgos; simplemente redefine quién los asume.
Así como el proceso de 2007 permitió elevar los estándares y el retorno regional, la transición hacia 2030 se presenta como una oportunidad para exigir más, corregir falencias y modernizar el marco legal. El desafío para Magallanes no pasa por conservar por inercia ni por reemplazar por consigna, sino por evaluar con rigor qué ofrece cada alternativa sobre la base de una plataforma ya consolidada.
En definitiva, el debate que se abre rumbo a 2030 requiere altura de miras y responsabilidad técnica por parte de todos los actores regionales.
Más allá de las legítimas diferencias sobre el modelo de administración futuro, los datos demuestran que Magallanes cuenta hoy con un activo económico en plena marcha que exige ser perfeccionado mediante una modernización legal oportuna, cuidando que el legítimo afán por mejorar sus condiciones no termine poniendo en riesgo la certeza jurídica ni el dinamismo inversor que han sostenido el crecimiento del recinto durante las últimas décadas.
