Mientras el corredor terrestre argentino colapsa sistemáticamente dejando a Magallanes desconectada y expuesta a alzas especulativas de precios, las autoridades regionales y el Ministerio de Hacienda debaten la licitación de la Zona Franca hacia 2030 mirando de reojo el canon de arrendamiento y la caja fiscal. Nadie mide, ni exige, ni fiscaliza el rol de resiliencia alimentaria que el régimen franco debería garantizar por ley. 

Para la zona central del país, un temporal en la cordillera es una molestia meteorológica o un titular de televisión (con todas sus problemáticas que provoca un frente climatológico); para la Región de Magallanes es un zarpazo directo a la mesa de las familias. La condición estructural de «región isla» —donde todo el abastecimiento por vía terrestre cruza territorio argentino a más de dos mil kilómetros de Punta Arenas— vuelve a quedar en evidencia tras las recientes emergencias climáticas.

Sin embargo, en el debate político local prevalece una preocupante inercia institucional: los cierres de fronteras se siguen tratando como "anomalías impredecibles" mientras el Estado se niega a utilizar la licitación de la Zona Franca para resguardar la seguridad alimentaria regional. 

Un corredor vulnerable que la autoridad insiste en tratar como "excepción"

Las cifras de la última contingencia invernal de julio e inicios de agosto de 2026 no dejan margen para la duda. Tras la declaración de emergencia agrícola en el norte-centro del país el 28 de julio y el cierre prolongado del paso Los Libertadores desde el 14 de julio, la carga terrestre hacia Magallanes fue desviada (Pino Hachado y Cardenal Samoré), sumando 778 kilómetros adicionales y al menos 48 horas de retraso por viaje. 

El domingo 2 de agosto, el paso Pino Hachado permaneció totalmente intransitable, mientras que Cardenal Samoré apenas habilitó una ventana operativa de dos horas para camiones. En la práctica, el corredor terrestre del que depende el alimento de la región estuvo inoperativo en cerca del 90% de la jornada. 

Impacto silencioso en el comercio local

Monitoreos de campo del Observatorio de Ciencias Públicas y Políticas (Fundación Prisma Austral) documentaron un alza en el precio de la papa sucia de $690 a $790 por kilo (+14,5%) en apenas 48 horas (entre el 31 de julio y el 2 de agosto) en el comercio minorista local, sumado a quiebres de stock en salas de grandes cadenas de supermercados. Un golpe que impacta directamente a los hogares de menores ingresos. 

Este escenario no es nuevo ni fortuito. Constituye un régimen de vulnerabilidad recurrente que las autoridades regionales se niegan a abordar con soluciones de fondo, por ejemplo: 

Julio de 2019: Nevazones y derrumbes dejaron 200 camiones atrapados en Cardenal Samoré, provocando quiebres de stock en fruterías de Punta Arenas y un posterior cierre de 4 semanas por un derrumbe en la Ruta 40. 

Abril de 2021: Piquetes y cortes de ruta en Neuquén mantuvieron a transportistas chilenos retenidos por semanas, bajo amenaza directa de desabastecimiento en la Patagonia. 

Junio de 2026: La Unión de Transportistas de Magallanes (UTRAMAG) denunció más de 80 camiones retenidos en la frontera con pérdida de mercadería perecedera, advirtiendo que los protocolos de invierno exigidos desde marzo a las autoridades continuaban sin respuesta. 

Zona Franca 2030: Discusión financiera de espaldas a la resiliencia regional

A pesar de este diagnóstico crítico, el debate público en torno a la histórica licitación de la Zona Franca de Punta Arenas de cara a 2030 se ha centrado casi de forma exclusiva en la recaudación fiscal, el valor de las tarifas, los costos comunes y la disputa de poder entre el Gobierno Regional y Hacienda. 

El Gobernador Jorge Flies ha defendido la Zona Franca destacando el aporte anual del recinto al Gobierno Regional (superior a los $4.500 millones), y prometió un "estudio econométrico" en conjunto con la Subsecretaría de Hacienda para fijar las nuevas bases. Por su parte, la División de Fomento e Industria del GORE descartó renovar la concesión a la actual administradora (Sociedad Rentas Inmobiliarias), reclamando definiciones al Ministerio de Hacienda tras cuatro meses de espera por respuestas institucionales. 

Sin embargo, ningún organismo público ha medido con datos reales la capacidad instalada de almacenamiento y stock de los usuarios históricos del rubro alimentos de la Zona Franca. Quienes operan en el recinto franco importan por vías propias, mantienen bodegas y sostienen cadenas logísticas independientes del corredor terrestre del régimen general. ¿Tienen estos usuarios la capacidad de sostener el abastecimiento de Magallanes ante un corte prolongado en la frontera?

La respuesta es alarmante: el Estado no lo sabe, no lo mide y no lo exige en ningún instrumento de planificación regional. 

Según voces entendidas, una de las falencias estructurales más evidentes en Magallanes es la escasez de bodegas de frío, un elemento estratégico para la reserva alimentaria. Por su parte, la concesionaria actual ha pedido que la discusión se dé sobre antecedentes concretos y de política pública productiva. 

Es preciso recordar a las autoridades el origen legal del régimen: el Decreto Ley N° 1.055 de 1975 establece en sus considerandos fundacionales el objetivo explícito de propender al "abaratamiento de sus costos y a la oportunidad en el suministro", definiendo en su reglamento (Decreto N° 1.355 de 1976) que el beneficio está destinado a la región adyacente. La "oportunidad en el suministro" es exactamente lo que entra en peligro cada vez que la cordillera se cierra. 

Las nuevas Bases de Licitación que elaborarán el Ministerio de Hacienda y el Gobierno Regional no pueden ser un mero reparto de rentas ni una transacción burocrática.

Es imperativo que la resiliencia alimentaria y la capacidad de almacenamiento en frío de productos de primera necesidad sean incorporadas como indicadores técnicos medibles, públicos y legalmente exigibles al nuevo concesionario y al sistema franco. La cordillera se volverá a cerrar, y la inoperancia de no medir ni exigir garantías de abastecimiento no puede continuar siendo la política oficial en Magallanes.