Una severa alerta en materia de fiscalización, resguardo territorial y soberanía nacional encendió el ingreso del Oficio N° 23939 ante el Ministerio de Bienes Nacionales. A través de este requerimiento formal, impulsado por los diputados Javiera Morales Alvarado y Jorge Brito Hasbún, el Poder Legislativo exige congelar el proceso de enajenación de dos islas fiscales ubicadas en la provincia de Tierra del Fuego, región de Magallanes.

Se trata de Isla Arturo (con una superficie aproximada de 2,71 hectáreas) e Isla Sin Nombre (de 2,11 hectáreas), ubicadas en las aguas del Lago Blanco, en la comuna de Timaukel. En conjunto, ambas porciones de territorio suman cerca de 4,82 hectáreas que el Ministerio de Bienes Nacionales incorporó en su plan de licitaciones bajo la modalidad de venta para desarrollo turístico, aun cuando las bases definitivas y los precios mínimos de adjudicación no han sido publicados.

El eje fronterizo y la seguridad estratégica

El meollo de la presentación parlamentaria radica en la condición geopolítica y fronteriza del territorio. Los legisladores advirtieron que la venta de inmuebles en zonas de frontera no puede avanzar sin una exhaustiva evaluación del interés fiscal, la integridad territorial y los resguardos estratégicos del Estado de Chile.

En el documento, los diputados invocan el Decreto Ley N° 1.939 de 1977, que faculta la venta de bienes fiscales únicamente cuando estos no sean imprescindibles para los fines del Estado y que impone restricciones estrictas a la adquisición de tierras por parte de personas o sociedades extranjeras en áreas fronterizas. Asimismo, recuerdan que el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N° 83 de 1979 prohíbe a los organismos estatales vender terrenos situados en zonas de frontera sin la previa y expresa autorización de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol) y la debida coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional.

Frente a esta normativa, el oficio solicita formalmente precisar la distancia exacta de cada isla respecto del límite internacional con la República Argentina y verificar si existieron pronunciamientos previos de la Difrol, Cancillería, Defensa, la Delegación Presidencial Regional, el Gobierno Regional de Magallanes, la Municipalidad de Timaukel o la Conaf. Adicionalmente, se exige informar el estado ambiental de ambos islotes y la eventual existencia de áreas protegidas en su entorno.

Exclusión de capitales extranjeros y transparencia

Otro de los puntos neurálgicos planteados al Ejecutivo exige restringir el perfil de los eventuales compradores en caso de que el proceso prosiga. Los parlamentarios solicitaron incorporar en las bases de licitación una cláusula de admisibilidad que excluya expresamente la adquisición por parte de capitales extranjeros —tanto personas naturales como jurídicas cuyo control efectivo o beneficiarios finales sean extranjeros—, priorizando de manera absoluta que el dominio de estos territorios estratégicos permanezca en manos de capitales nacionales.

Asimismo, el requerimiento cuestiona por qué la cartera fiscal optó por la venta y transferencia definitiva del dominio de las islas en lugar de utilizar mecanismos de conservación y resguardo del patrimonio público, tales como concesiones o arrendamientos a largo plazo.

Frente a la premura que amerita el caso, la Cámara de Diputados solicitó al Ministerio de Bienes Nacionales remitir la copia íntegra de los expedientes administrativos, coordenadas, deslindes, informes técnicos y tasaciones fiscales, absteniéndose de publicar bases, adjudicar o perfeccionar cualquier venta mientras no se cuente con la totalidad de las autorizaciones y reportes de seguridad territorial requeridos por ley.