El anuncio ha sido sorpresivo. Sin aviso previo, sin consulta ciudadana y sin una sola conversación formal con las autoridades regionales o locales. De esta forma, el Ministerio de Bienes Nacionales decidió poner en marcha la licitación pública para la venta de tierras fiscales. Entre los lotes ofertados se encuentran dos tesoros insulares ubicados en pleno Lago Blanco, en la comuna de Timaukel: la Isla Arturo y un islote catalogado como "Isla Sin Nombre".

De que el nivel central puede hacerlo, legalmente puede. La normativa le entrega facultades al ministerio para administrar o desprenderse de bienes fiscales. Sin embargo, la pregunta de fondo no es legal, sino política, ética y territorial: ¿A quién le preguntaron si los magallánicos y magallánicas queríamos vender un pedazo de nuestro patrimonio natural?

Las islas de Tierra del Fuego no le pertenecen a la Secretaría Regional Ministerial de turno ni al gobierno central en Santiago; son de la totalidad de las chilenas y los chilenos. Resulta desconcertante que decisiones de esta magnitud se tomen de forma unilateral entre cuatro paredes burocráticas, despojando a la comunidad local de cualquier espacio de opinión sobre el destino de su propio entorno.

¿Por qué optar inmediatamente por el traspaso de la propiedad a privados en lugar de una concesión a 25, 30 o 50 años? Una concesión fiscal permite atraer inversiones, proyectos de conservación o desarrollos turísticos sustentables sin perder la titularidad pública del suelo. Al vender, el Estado renuncia para siempre a esos pedazos de territorio.

Si en unas décadas se descubren recursos estratégicos, o si el Estado requiere de esos espacios para fines de soberanía o preservación ambiental, el margen de maniobra será nulo: la propiedad ya estará en manos privadas.

El anuncio gubernamental habla de "fomentar proyectos de desarrollo, conservación e infraestructura sustentable", pero hasta el momento no existen detalles públicos claros sobre las bases técnicas o las restricciones de los compradores. Frente a este vacío de información, las interrogantes son inevitables y legítimas:

¿Quiénes podrán comprar? ¿Existirán salvaguardas efectivas sobre la procedencia de los capitales?

¿Qué restricciones reales existirán para impedir que estos espacios caigan en manos de especuladores inmobiliarios, compradores extranjeros o incluso redes de dinero ilícito?

¿Por qué se prescindió del diálogo con los habitantes de Timaukel, de Tierra del Fuego y de la Región de Magallanes en su conjunto?

Poner letreros de venta en el paisaje imponente del Lago Blanco, sin entregar explicaciones acabadas ni someter la medida a la deliberación regional, refleja una mirada centralista y poco defensiva de la soberanía territorial.

Cuidar el territorio exige responsabilidad, transparencia y, por sobre todo, respeto hacia las comunidades que habitan y custodian nuestra Patagonia.